Las redes de lavado de dinero son tan estrechas y profesionales que permiten cooptar cualquier institución. Sea pública, sea privada. Los lavadores son el eslabón más importante de la cadena delictiva que nace con delitos como la trata de personas, el narcotráfico, la corrupción, la venta de armas o el terrorismo. Su importancia es tal que si se pretende dar solución a los costos sociales de la delincuencia organizada, es ahí donde la autoridad debe enfocar sus esfuerzos, no necesariamente en las balas.
11/09/2023
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como “lavado de dinero” es castigado en México con penas de 5 a 15 años de prisión. En resumen, consiste en la ejecución de todo tipo de artimañas jurídicas y económicas para hacer pasar recursos provenientes de una conducta delictiva, como si fueran provenientes de una fuente lícita.
Su persecución data de finales de los años 80, con esfuerzos comandados por los Estados Unidos de América y el Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 recomendaciones. Y desde su regulación tiene por objetivo perseguir las conductas que permiten a los delincuentes el disfrutar de las ganancias provenientes de sus delitos. Los trabajos de la cooperación internacional han tenido resultados importantes en la detección del modus operandi de los lavadores, sus vehículos preferidos y los bienes objeto de su disfrute.
Sin embargo, y a pesar de la creación de Unidades de Inteligencia Financiera y de Fiscalías Especializadas, la incidencia delictiva sigue presente y en aumento. Entonces ¿sirve de algo el discurso de ataque a las finanzas de la delincuencia organizada? A mi me parece que sí. Pero requiere más recursos para “servir más”.
Por ahora, los esfuerzos del Gobierno de México se han concentrado en cumplir con las normas internacionales en Prevención de Lavado de Dinero. Especialmente para atacar organizaciones delictivas que cometen delitos contra la salud. Sin embargo, el enemigo silencioso que más ganancias genera después del narcotráfico y muy pronto más que el tráfico de armas es la trata de personas. Especialmente la trata con fines de explotación sexual. Y si al dato anterior se suma que México no cumple con los estándares internacionales de combate a la trata, el problema se magnifica.
En México, la trata de personas con fines de explotación sexual es un problema público de amplia relevancia. Más de cuatro mil víctimas identificadas por año (solo las denunciadas), donde la mayoría son mujeres y niños. México es clasificado por la ONU como país de tránsito y consumo de trata de personas. Ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez o Tlaxcala son centros conocidos internacionalmente por concentrar la incidencia de este delito, pero un bajo número de denuncias y más bajo de condenas.
El problema es claro: los tratantes operan con impunidad y disfrutan de sus ganancias ilícitas. El delito de trata de personas es sumamente complejo de probar derivado de la dificultad para obtener testimonios que inculpen a los tratantes. Sin embargo, ¿Qué pasaría si los golpeamos en las ganancias? ¿Cómo lograr que la explotación sexual de niñas y niños sea cada vez más difícil de llevarse a cabo?
Si no podemos encarcelar a los tratantes y a las autoridades cooptadas por trata de personas. Entonces al menos podemos hacerlo por lavado de dinero.
Generalmente, la trata de personas no es el único delito que cometen los tratantes. Para comprobar la ilicitud de sus ganancias debe probarse al menos un delito previo. Sea el secuestro, la evasión fiscal, delitos cometidos por servidores públicos, el tráfico de estupefacientes o la sustracción de menores. El tratante opera con engaños y artimañas para hacer creer a las víctimas que obtendrán un empleo o beneficio económico. Las amenazan con lastimarlas a ellas o a sus familias si pretenden escapar o denunciar.
Pero seguir el dinero tiene resultados positivos cuando se trata de encontrar su origen delictivo. La operación financiera de las organizaciones de tratantes suele incluir operaciones en efectivo, adquisición de vehículos e inmuebles. En este momento la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la encargada de monitorear las operaciones sospechosas gracias a un modelo de análisis genérico basado en desviaciones a la cotidianidad de cada sujeto económico. ¿Qué pasaría si se operara un modelo basado en riesgos con un enfoque especial en trata de personas?
Si sabemos que los tratantes consumen vehículos de lujo, joyas e inmuebles. Que pagan en efectivo o en criptomonedas. Que tienen su base de operaciones focalizada en ciertas ciudades del país. Entonces es posible elaborar modelos de análisis financiero que permitan identificar sus operaciones ilícitas.
La UIF requiere más recursos que nunca. Durante casi 12 años ha tenido prácticamente el mismo presupuesto y se le siguen pidiendo resultados extraordinarios. Su operación eficiente requiere más presupuesto para contratar elementos especializados que le permitan ser un verdadero dolor de cabeza para los tratantes.
Todas las niñas y niños víctimas de explotación sexual (solo por nombrar un sector víctima de trata) valen cada peso que se invierta en perseguir a aquellos que piensan que pueden comerciar con ellos.
Sigamos hablando de trata, de lavado de dinero y de fallas en la autoridad. Porque solo así lograremos encontrar una solución.
Por Gibran Flores
Politólogo y Abogado. Mexiquense Valiente, Izcallense, de corazón tricolor y aficionado del Azul
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