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¿Qué propone la reforma política electoral de AMLO?


 

México es un país con una democracia representativa -relativamente sólida-, consagrando el derecho al voto en la Carta Magna. Cuenta con un sistema electoral encabezado por el Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que se ha encargado, con el paso del tiempo, de que los procesos electorales sean organizados, libres y confiables y, así, poder garantizar el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos.


Sin embargo, existen muchos aspectos que atender en materia electoral, algunos de ellos correspondientes a los partidos y sus trámites internos; otros, relativos a la participación ciudadana y algunos más como la segunda vuelta y las elecciones primarias, entre muchos más, que aun merecen un análisis más profundo antes de implementarlos en el país.


A pesar de que la democracia en México ha garantizado un ejercicio “pleno” de los derechos electorales de los ciudadanos, el presidente López Obrador presentó el pasado 28 de abril la iniciativa de la Reforma Electoral, misma que ha generado puntos a favor y otros tantos en contra. Derivado de esto, el pasado viernes 5 de agosto dio inicio el parlamento abierto al que convocó la oposición del Congreso de la Unión, a fin de discutir dicha iniciativa.


Una de las principales razones para presentar esta iniciativa fue la necesidad de transitar de una democracia electoral a una democracia de resultados, por lo que resultaba indispensable, para el presidente y sus aliados, actualizar y perfeccionar el régimen político del país, así como sus reglas e instituciones electorales. Aunque el gobierno de Morena no se ha caracterizado por tener el mejor sistema democrático interno (basta con ver el desastre que fueron las elecciones para designar a los consejeros), sí han sido los primeros en manifestarse “voluntariamente” a favor de dicha reforma.


La reforma promueve 12 modificaciones en materia político-electoral que afectarán tanto al Poder Legislativo como al INE.


Las principales modificaciones son:

  1. La transformación del INE al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

  2. La elección de consejeros y de magistrados electorales mediante voto popular, lo cual se realizará el primer domingo de agosto y los candidatos serían postulados por los Poderes de la Unión.

  3. Desaparecen los Organismos Públicos Locales (OPLEs) y Tribunales Electorales Locales, asimismo, se promueve la federalización de las elecciones con el fin de eliminar la burocracia innecesaria.

  4. Eliminar las diputaciones de representación proporcional (plurinominal) y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 senadurías.

  5. Cambia el modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.

  6. Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo como límite hasta nueve regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.

  7. Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales.

  8. Impulsar el voto electrónico.

  9. Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales.

  10. Reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.

  11. Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, a fin de que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.

  12. Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, unificando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo.


Sin duda alguna, esta reforma político-electoral representa una de las modificaciones a la Constitución más importantes que se han presentado en los últimos años. Aunque si bien es cierto contiene puntos importantes que deberán analizarse a fondo y que incluso pudieran representar un avance en el sistema electoral de México, también es cierto que induce a que, poco a poco, la vida democrática del país se centralice en las decisiones, o incluso caprichos, del Poder Ejecutivo.


La consolidación democrática de México ha costado años, recursos económicos y humanos, reformas, modificaciones y mucho esfuerzo de cientos de ciudadanos para que cada vez sea mejor y, sobre todo, eficaz. Esa misma transición nos ha mantenido como una democracia funcional; con muchos errores, pero aún funcional.


Creo firmemente que debemos convertirnos en una sociedad mucho más participativa, consciente de la trascendencia de los procesos políticos y dispuesta a formar parte del sistema político- electoral que tenemos. Necesitamos ser una sociedad comprometida a observar que los principios rectores dentro de los procesos electorales se cumplan en apego a derecho.


Y sí, puede que nos cueste años, pero valdrá la pena luchar por ser un país democrático y consciente de lo que implica tener derechos político-electorales.



@RoxanaAguilarA

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